En el año 2013, a partir de la reglamentación de la Ley de Salud Mental, se conformó la
Comisión Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (CONISMA) en el ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde cada ministerio y las delegaciones del Estado que
conformaban la misma afectaban partidas presupuestarias propias para respaldar las acciones
que resolviera CONISMA. Desde el año 2014, se conformó el Consejo Consultivo Honorario en
Salud Mental y Adicciones CCHSMYA en el marco de la configuración de una política pública
que incorpora a las organizaciones de la sociedad civil con experticia en el campo de la Salud
Mental y las Adicciones, para la discusión de políticas en salud mental y realización de
propuestas a la CONISMA.
A partir del 10 de diciembre del 2015 con el cambio de gobierno, la CONISMA se redujo en
forma considerable respecto a la incumbencia de ministerios, y la misma fue trasladada desde
la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud.
Recordemos que en el artículo 3 de la Ley 26657, se reconocía a la Salud Mental como un
proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y
psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.
La perspectiva de la configuración de la CONISMA en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de
Ministros era solidaria a una concepción de Salud Mental hecha letra en la ley, que promueve
las políticas públicas específicas del ministerio de Salud, pero reconociendo la necesidad de
profundizar las políticas intersectoriales e interministeriales para garantizar el acceso a
derechos, se trata de las condiciones de posibilidad para concretar estas políticas.
El CCHSMYA dejó de ser convocado de manera oficial, garantizando los viáticos de transporte
a los representantes provenientes de las distintas provincias, brindando el lugar de reunión, etc.
Sin embargo, en función a nuestros compromisos asumidos e irrenunciables, las
organizaciones que componemos el Consejo Consultivo, donde hemos ingresado por 4 años a
través de la modalidad de un concurso, continuamos sosteniendo las reuniones acordadas en
el calendario para el 2016 aceptado por la CONISMA en noviembre del 2015.
Desde allí, hemos reclamado por la institucionalidad pertinente del funcionamiento de la
CONISMA, del CCHSMYA y hemos realizado pronunciamientos públicos respecto a lo que
hemos considerado retrocesos y/o vaciamientos en la política pública dirigida a la
implementación de la ley de Salud Mental 26657.
En la fecha 20 de julio fuimos convocados a una reunión por la dirección de Salud Mental
Nacional, donde asistimos en función de reclamar la institucionalidad y pleno funcionamiento de
la CONISMA y del CCHSMYA. Reunidos en presencia del Director Nacional de Salud Mental
Andrew Blake planteamos las condiciones de institucionalidad y legalidad imprescindibles para
nuestro funcionamiento y que son las que dan sentido a nuestro compromiso y funcionamiento
como representantes de la sociedad civil.
Con posterioridad en fecha del 22 de agosto pudimos sesionar en las condiciones planteadas y
con la participación de los consejeros del interior garantizadas, en esta reunión se fue
construyendo una agenda que incluye los pedidos y reclamos de información pertinente para
sostener aquellas propuestas y posiciones que los consejeros estamos debatiendo, podemos
destacar 4 de ellas:
Conformación de CONISMA y funcionamiento. Sostenimiento del artículo 4 de la Ley 26657
que ubica las adicciones en el campo de la salud mental. Modificaciones en la reglamentación
que habilita instituciones y dispositivos que debieran ser solidarios de la concepción de la ley.
Propuesta del PMO acorde a las prácticas que propicia la legislación vigente.
Fue a través de la tarea mancomunada de las organizaciones de la sociedad civil, de la

solidaridad construida no sólo entre quienes integramos el Consejo Consultivo, sino a través de
la presencia y articulación con toda la diversidad de espacios vinculados a la salud mental en el
territorio nacional, que logramos recuperar las condiciones mínimas para el Funcionamiento del
Consejo Consultivo, posibilitando el encuentro con organizaciones impedidas de acceder al
viaje hacia Capital Federal.
Desde una posición ética irrenunciable, desde la urgencia de profundizar la política pública en
Salud Mental para la plena implementación de la Ley 26657, desde las banderas del cierre de
los manicomios para el 2020, queremos agradecer a toda la comunidad el respaldo recibido
para que se concretara algo que ni más ni menos, es cumplir con la ley en lo que concierne a
las condiciones de posibilidad para nuestro funcionamiento.
Hoy redoblamos nuestra apuesta, son momentos de sostener compromisos para los cuales
nuestras organizaciones, redes, sindicatos, usuarios, universidades nos propusieron para ser
miembros del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones. En la diversidad de
nuestras posiciones y recorridos hemos logrado que prime una ética sostenida en el respeto a
los DDHH, la misma que la sociedad plasmara desde los más diversos actores sociales en la
Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26657, ese es el compromiso asumido y por el cual
desde nuestra legitimidad reclamamos se plasme institucionalmente la legalidad ganada por el
conjunto de la sociedad civil.
No habrá Salud Mental sin legalidad y pleno ejercicio de los Derechos Humanos
11 de septiembre 2017