Desde la Asociación por los Derechos en Salud Mental – ADESAM nos pronunciamos sobre los episodios de violencia institucional perpetrados por las fuerzas de seguridad frente a personas que atraviesan problemáticas de salud mental.
Nos encontramos profundamente conmovidos/as e indignados/as por un nuevo hecho donde la policía interviene en una situación de crisis de salud mental a través del uso irracional de la fuerza. Hoy Chano Moreno Charpentier, en la Provincia de Buenos Aires, terminó internado corriendo riesgo su vida. Nos solidarizamos con él y su familia y amigos/as en este difícil momento. Hace dos meses la GEOP, fuerza policial de la provincia del Chubut, disparó contra el vecino Alejandro Tino John en el Parador Las Golondrinas provocando su muerte. Acompañamos en su reclamo, que debería ser el de todo el país, a su compañera, familiares y amigos/as. Recordemos también el hecho que el año pasado involucró a Rodrigo Facundo Roza, frente al Malba en C.A.B.A.
Quienes trabajamos con personas con problemáticas de salud mental sabemos que los episodios de crisis son eventos generalmente previsibles y evitables. Nadie está exento/a de atravesar una problemática de salud mental en algún momento de su vida que necesite de apoyo y acompañamiento. La respuesta debe ser sanitaria. Nunca un arma, ni letal, ni “no letal” puede ser una respuesta. Por ello, leemos con preocupación que dirigentes políticos a lo largo del país insistan en impulsar el uso de pistolas Taser para el abordaje de este tipo de episodios.
¿Se imaginan al personal de enfermería de una sala de internación por salud mental portando armas para el abordaje de las situaciones de crisis?
Episodios como el sucedido muestran una vez más que la mayor complejidad para el cuidado de nuestra salud mental está en el abordaje en la comunidad.
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 promueve el cierre de los hospitales monovalentes y su sustitución por una red articulada de dispositivos comunitarios. Así, se busca alcanzar un acceso universal y equitativo para el cuidado de la salud mental de toda la población y para contar con estrategias respetuosas de los Derechos Humanos para las personas que atraviesan alguna problemática de salud mental. El abordaje de estas situaciones debe darse en cada rincón del país, y no en una cantidad limitada, reducida y “especializada” de espacios de atención.
La Ley Nacional de Salud Mental garantiza que cada situación sea tratada en forma singular a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. Por eso, la salud mental es cosa de todos/as. Y por eso, es tan importante detener las prácticas discriminatorias y estigmatizantes que son reforzadas por los discursos de los medios masivos de comunicación y de muchos/as dirigentes políticos/as y responsables de las fuerzas de seguridad.
A la Ley, se suman protocolos para el abordaje de situaciones de crisis y también protocolos destinados a las intervenciones de las fuerzas de seguridad cuando estas son necesarias. En el año 2013 se aprobó la Resolución 506/2013 del Ministerio de Seguridad de la Nación: “Pautas para la Intervención de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático de sustancias en riesgo inminente para sí o para terceros”. Este Protocolo indica claramente una modalidad de intervención respetuosa de los derechos de las personas con padecimiento mental. Para cumplir las Leyes y los Protocolos, primero hay que conocerlos y luego trabajar intersectorialmente para que su implementación sea real.
Exhortamos a que los medios de comunicación masivos informen con rigurosidad y sin discriminación. Tienen un rol clave en la construcción del imaginario social y no pueden continuar desconociendo los marcos regulatorios existentes para el tratamiento de las noticias que involucran a personas con problemáticas de salud mental. No deben hacerse eco de quienes, interesadamente, propician volver a la perimida doctrina de la «peligrosidad del enfermo mental» hoy superada en la ley pero no por la sociedad.
Exigimos que la normativa esté acorde a los estándares de Derechos Humanos vigentes, y que se implemente una capacitación obligatoria para todos/as los/as agentes de las fuerzas de seguridad en todo el país. Es imprescindible el trabajo intersectorial y articulado para el abordaje de situaciones complejas.
Exigimos la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en todo el territorio nacional y el desarrollo de políticas públicas integrales para el cuidado de la salud mental de toda la población. Insistimos, la respuesta frente a un malestar subjetivo, un padecimiento psíquico o una crisis en salud mental no puede ser la violencia ni menos aún la muerte. Se necesitan políticas públicas que nos cuiden como ciudadanos/as y que garanticen nuestras condiciones de vida en comunidad y en igualdad.
Es imprescindible detener la violencia institucional para que esa mejora de la vida se haga posible.
